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Nuevas “estafas” a organismos públicos relacionadas con la traducción en 2017

La picaresca no deja de sorprendernos, y el sector de la traducción no se libra tampoco de ella. A lo largo de nuestra trayectoria profesional, en TraducciónExperta hemos visto diversas formas poco lícitas de sacar provecho de las traducciones. A pesar de nuestro rotundo rechazo, hemos de reconocer que algunos métodos de estafa con traducciones son ingeniosos. Aun así, cuando parecía todo inventado, en 2017 hemos sido testigos de otra vuelta de tuerca.

Ya en años anteriores, y especialmente en 2016, nos habían llegado algunos indicios de esta novedosa mecánica para “engañar” a clientes que necesitan traducir textos y documentación a uno o varios idiomas. Pero ha sido durante el recientemente finalizado 2017 cuando hemos notado que se ha afianzado. La mayor parte de afectados son los organismos públicos, lo cual viene a demostrar que de los timos no se salva nadie.

Antecedentes:

Probablemente escarmentados por experiencias desagradables con traducciones de poca calidad, muchos clientes han optado por contratar traducciones juradas. Pero una traducción jurada, que tiene un coste muy superior al de una traducción estándar, tiene como finalidad “certificar” que su contenido es fiel al contenido de un documento oficial original. Es decir, que se trata de un servicio específico para documentos originales oficiales, ya sea de carácter gubernamental, notarial, etc. El inconveniente viene cuando lo que se pretende traducir no proviene de un documento original de esas características.

Por ejemplo, imaginemos que un ayuntamiento desea traducir los contenidos de su página web y unos folletos turísticos a uno o varios idiomas. Ese tipo de texto original no entra dentro de la finalidad específica de las traducciones juradas. Además, lo usual en esas circunstancias es que dicho ayuntamiento subcontrate a una empresa que se encargue de aportar las traducciones y también del diseño tanto de esa sección de la web como de los folletos turísticos. Sobre todo, esto se da cuando el coste de un servicio de esta índole supera un importe determinado que obliga a que dicha contratación salga a concurso público.

Cuando una entidad pública busca proveedores, ya sea por contratación directa o por concurso, aplica una serie de baremos con los que determina qué empresas serán las adjudicatarias. Tradicionalmente, uno de los aspectos que más influyen en esa adjudicación es la parte del presupuesto. Y ahí es dónde, con el afán de abaratar, muchas empresas sustituyen las traducciones profesionales por traducciones de mala calidad, o incluso hechas con software de traducción automática, como el Traductor de Google. Lamentablemente, esas traducciones no son la mejor opción.

Intentos por evitar el fraude:

Tratando de evitar traducciones de calidad cuestionable, muchos organismos públicos, conscientes de que la traducción jurada no es la herramienta apropiada, están adoptando una práctica que nos parece ocurrente en proyectos en los que la traducción es uno de los servicios requeridos: obligan a las empresas que presentan sus ofertas a anexar una carta sellada por la empresa que se encargaría de las traducciones, en la cual además dicha empresa confirma que las traducciones las efectuarán traductores nativos.

Sin seguimiento, el fraude continúa:

Aunque secundamos esa política, y en vista de lo que venimos observando varios años ya, estamos seguros de que no sirve de nada por sí sola. Para que esta medida sea eficaz, el organismo contratante debería hacer un seguimiento directo con la empresa o agencia de traducción encargada de las traducciones. Habría que establecer un procedimiento para cerciorarse de que las traducciones verdaderamente las está llevando a cabo quien sella esa carta de compromiso confirmando que las traducciones las hacen traductores nativos.

¿Por qué? Porque tenemos constancia de que en la práctica ya ha sucedido con más de una empresa:

Una empresa se presenta al concurso emitido por una entidad pública. En dicha propuesta, una porción de la partida presupuestaria corresponde a unas traducciones. En el pliego de condiciones se exige que la empresa que se vaya a encargar de las traducciones facilite una carta sellada donde así lo manifieste. La empresa que se presenta a concurso se pone en contacto con TraducciónExperta, o con cualquier otra agencia de traducción profesional, y solicita la carta citada con la promesa de que esas traducción se le encargarían a esa empresa de traducción si la empresa concursante sale seleccionada en la concesión del concurso.

Transcurre el tiempo, y la empresa a la que se otorga el proyecto jamás vuelve a contactar con la empresa de traducción o, a lo sumo, le encarga unas traducciones mínimas, pero nunca el grueso de los textos. Por supuesto, entre el organismo público y la empresa de traducción jamás hay contacto alguno. Hasta que algún usuario nativo echa un vistazo a los textos redactados en su idioma y advierte al organismo público del desastre. Dicho organismo público se dirige a la empresa adjudicataria del proyecto, que o se desentiende o no existe ya. Es entonces cuando ese cliente final, ese ayuntamiento, ese ministerio o esa oficina de turismo que han sido víctimas de esta estafa, llaman a la empresa de traducción para pedir explicaciones por unas traducciones de las que es totalmente ajena.

Nuevo caso ya en 2018:

Se trata de lo ocurrido con la web que Santander, la capital Cántabra, ha presentado a la feria de turismo FITUR. Los encargados de los contenidos multilingües, ni cortos ni perezosos, han optado por la vía fácil: traducción automática. La semana pasada saltó el escándalo cuando se descubrió que dicha página web contenía en sus distintos idiomas un sinfín de errores propios de una traducción no humana, probablemente realizada con Google Translate. Las erratas dejan en muy mal lugar tanto a Santander como a Cantabria, cuya web también parece adolecer de lo mismo. No es de extrañar que los traductores se sientan menospreciados e insultados. ¿Merece la pena recortar gastos a costa de empresas cuyas traducciones no sirven más que para causar una mala imagen y polémicas? Lógicamente, las tarifas de agencias de traducción serias y profesionales jamás podrán rivalizar con empresas que traducen con software automático.

La solución:

Está claro que la mejor manera de que no suceda esto es que haya un contacto y un control directo entre organismo contratante y empresa de traducción, además de con la posible empresa intermediaria adjudicataria. Ese control debería servir para comprobar que las traducciones están encauzadas hacia profesionales y expertos nativos, no que se adoptan otras vías que abaratan costes y merman la calidad.

Enlaces de utilidad:

La chapucera traducción de la web de turismo de Santander: el ‘Centro Botín’ es el ‘Centro del Saqueo’

SANTANDER LLEGA A FITUR CON UNA WEB PLAGADA DE ERRORES EN LA TRADUCCIÓN DE GOOGLE

El Centro Botín, convertido en “Centro de Saqueo” en la nueva web de turismo de Santander,traducida con Google

El ridículo de Santander: presenta su nueva web de turismo traducida al inglés con Google

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